La Audiencia Nacional le ha negado a Iberdrola que esté siendo discriminada por el Estado en relación con el déficit de tarifa, y no sólo le ha dicho eso, sino que además, dicho déficit ha sido originado por las grandes compañías eléctricas que desarrollan su actividad en el mercado nacional.
Cuando se liberalizó el sector eléctrico en el 1997, las compañías eléctricas reclamaron una indemnización como consecuencia de que provocaría a priori una bajada del precio de la electricidad, y se dice que priori porque desde el año 2002 no ha dejado de subir desde entonces y las compañías han seguido beneficiándose económicamente.
El Gobierno de entonces, presidido por el popular José María Aznar, estableció un concepto denominado “costes de transición a la competencia” (CTC) por un valor superior a 6.000 millones de euros que pagaría el sistema, es decir, entre todos los consumidores vía factura eléctrica. La condición que se impuso entonces es que las compañías eléctricas financiaran luego el déficit de tarifa.
La compañía presidida por el salmantino Ignacio Sánchez Galán, ya no quiere continuar financiando esto, habiendo cobrado ya todos los CTCs correspondientes, y es la razón por la que ha llevado al Estado a los tribunales. Lo que pretende la compañía es que sean todos los actores los que financien el déficit, incluidos los productores de renovables, los cuales no han recibido ningún dinero por adelantado, mientras que los ingresos de los CTCs sólo se han recibido por las compañías que están dentro de la patronal UNESA, que no hay que olvidar está siendo el principal azote de las energías renovables en la actualidad.
Una cosa que hay que destacar es que la Audiencia Nacional ha recalcado, que la Comisión Nacional de Energía (CNE) en un informe publicado en 2002, identificaba a las productoras eléctricas como causantes del déficit inicial, a raíz de los elevados precios de mercado del kWh. Si esto es así, lo verdaderamente sorprendente, por decirlo de esa suave manera, es que nadie haya hecho nada desde entonces, resultando como siempre perjudicados los ciudadanos.
Una de las razones principales por las cuales ahora Iberdrola denuncia esto y no mientras que ha estado cobrando los CTCs es debido a que ahora hay problemas con el proceso de titulización del déficit (cesión de derecho de cobro), puesto que las empresas de rating han bajado la valoración de este activo por rebajar la fiabilidad del aval del Estado, pudiéndose incluso en caso extremo producir una quita de la deuda y por tanto tener problemas de financiación por parte de la compañía.
