Es cuanto menos llamativo que durante el mes de enero la energía eléctrica haya tenido un coste medio de algo menos de 34 €/MWh, es decir, casi la mitad del precio de la famosa subasta CESUR en la que concurrieron «circunstancias atípicas», y que poco más se supo de ella (algo menos de 62 €/MWh), como consecuencia de la producción a partir de fuentes renovables (alta eolicidad e hidraulicidad). Asimismo, conviene apuntar que el precio de la electricidad real durante el mes de enero ha sido también un 30% inferior al que fijó el Gobierno tras la anulación de la subasta.
A la vista de lo dicho anteriormente, sería racional pensar que el consumidor, es decir, todos los ciudadanos, nos beneficiaríamos de dicho precio. ¿Es esto real?. Pues la respuesta es NO. La tarifa regulada no se beneficia en absoluto de esta situación, y por tanto los consumidores, como siempre, somos los que continuamos saliendo perjudicados. Entonces, ¿quién se beneficia de esta situación?. Pues tanto las eléctricas como el Gobierno, ya que en el caso de las primeras reciben más por adelantado, y el segundo, porque de esta manera recauda más a través del Impuesto Eléctrico y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Lo anterior demuestra la ineficiencia del sistema de fijación del precio de la electricidad. Estamos a la espera de una nueva metodología, pero desde luego no creo que vaya en contra de las eléctricas, porque desde la Secretaría de Estado de Energía ya se les ha preguntado para que trasladen sus iniciativas, es decir, que planteen algo con lo que se sientan bien. ¿Es esto lógico, sensato y transparente?.
