En el Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre se ha aprobado el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, el cual establece de manera llamativa lo siguiente, según la propia web oficial de La Moncloa:
*Da estabilidad al sistema eléctrico y evita la generación de déficit de tarifa.
*Marca la regulación básica del sector, con la finalidad de garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible, asegurando la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitiendo un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.
*Fija el marco necesario para resolver el problema del déficit de tarifa y evitar que en el futuro puedan producirse desequilibrios financieros como el ocurrido durante la última década.
*Aumenta la protección del consumidor e instaura un régimen de retribución de las actividades con criterios objetivos y homogéneos, que aseguran a los agentes una rentabilidad razonable a sus inversiones.
Si nos damos cuenta de los cuatro puntos anteriores, una de las premisas perseguidas es controlar el déficit de tarifa, achando que son las energías renovables las principales responsables de ello. Es cuanto menos llamativo, que desde que el Ministro actual ha asumido sus responsabilidades en el Ministerio se ha ido en contra de ellas por parte del Gobierno (agudizándose con la presencia del actual Secretario de Estado de Energía), y desde luego las medidas que han tomado no ha hecho más que satisfacer a unos cuantos (compañías eléctricas) y perjudicar a todo un sector y yendo en contra de los ciudadanos. Seguidamente se hace un resumen de los documentos legislativos que en teoría perseguían la disminución del déficit de tarifa y que no han conseguido su objetivo:
*El RD-Ley 1/2012 de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.
*Posteriormente se publicó el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, desde la perspectiva de la reducción de los costes del sector eléctrico.
*Asimismo el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, incorpora otras medidas adicionales relativas al régimen retributivo de las centrales de generación en régimen ordinario en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, establece como obligatoria la imposición de un suplemento territorial en los peajes de acceso y tarifas de último recurso para las Comunidades Autónomas que gravan las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico con tributos propios o recargos sobre los tributos estatales.
*Por el lado de los ingresos del sistema, la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, reconoce como objetivo la armonización del sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad. Introdujo medidas de carácter excepcional para que los costes del sistema fueran financiados tanto con los ingresos que proceden de los peajes de acceso y demás precios regulados.
*Ya en este año 2013 se aprobó el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero que introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores.
*Como colofón el 20 de junio de 2013 se aprobó por el Pleno del Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta del partido del Gobierno, la Ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, siendo las empresas eléctricas las principales beneficiadas, ya que deberían ser ellas quienes tenían que asumirlo.
Después de todo, y a modo de reflexión: ¿Es justo que un país como España tenga que aguantar esto y que no se regule e investigue la manera de fijar el precio de generación eléctrica en donde intervienen de manera completamente «oligopolizante» las grandes compañías eléctricas?.
