Curiosamente el Gobierno el pasado sábado 1 de febrero (para comenzar bien la cuesta de febrero después de los gastos de Año Nuevo, Reyes y las Rebajas de enero), ha publicado con premeditación y alevosía en el Boletín Oficial del Estado la Orden IET/107/2014, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014 (http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1052.pdf), y la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor (http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1053.pdf).
De esta manera el Ministerio encarece el recibo eléctrico a más de 18 millones de consumidores domésticos en un porcentaje cercano al 18% del término de potencia y con una bajada próxima al 7% del término de energía para el primer trimestre de 2014, por lo que se encarece la parte fija del recibo un 9% de la mitad del precio, mientras que por contra abarata un 7% la parte variable, por lo que perjudica a las segundas residencias y a los consumidores que tengan poco nivel de consumo.
De esta manera los ciudadanos pagan más por la energía que ni siquiera consumen, con la finalidad de generar unos ingresos seguros a las compañías eléctricas y compensar así la falta de consumo consecuencia de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos. Conviene apuntar que desde agosto de 2013 se ha encarecido la parte fija en más de un 90%.
En cuanto a uno de los criterios de la próxima reforma energética que afecta a las energías renovables y a la cogeneración, se establece en el borrador de Orden Ministerial por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y que se tendrá que aprobar por el Consejo de Ministros, que esas instalaciones actualmente en funcionamiento tengan una rentabilidad razonable del 7,39%, mientras que las que entren en el futuro de un 7,5%. Es por ello por lo que los parques eólicos anteriores a 2004 dejarían de tener primas o tarifas de régimen especial por encontrarse ya amortizados. ¿Se establece esto igualmente para las instalaciones del régimen ordinario que se encuentran ya amortizadas y que cobran el kWh en función del precio de casación?. De esta forma podrían tener beneficios del 700-800%, ¿es esto justo?.
Hay que apuntar que desde el Gobierno y de manera «torticera» se desprestigia a las renovables al afirmar que desde 1998 las energías renovables han recibido más de 50.000 millones de euros a través de las tarifas y primas del régimen especial, pero en ningún caso se afirma la cantidad de dinero que el Estado se ha ahorrado por la compra de energía primaria a terceros países (carbón, petróleo y gas natural principalmente), la compra de derechos de emisión para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, etc., etc. Es por ello por lo que las «medias verdades» son muy dañinas y deben ser clarificadas de manera inmediata.
